Gobierno del Estado de Chihuahua

12 de octubre. Combate a la corrupción no funciona si no hay vigilancia ciudadana: fiscal peruano

El fiscal anticorrupción del Perú, José Domingo Pérez, considera que los ciudadanos deben permanecer vigilantes de las autoridades encargadas de castigar a quienes cometan este tipo de crímenes

08:12pm


Las reformas que se hagan para combatir la corrupción no funcionarán si los ciudadanos no son vigilantes de las autoridades que estarán encargadas de ejercitar esta acción, dijo el fiscal Especializado en Delitos de la Corrupción, de la fiscalía de la Nación de la República del Perú, José Domingo Pérez Gómez.

Al presentar su conferencia magistral “Corrupción de funcionarios en el sistema acusatorio. Corrupción trasnacional y lavado de activos”, dentro del Encuentro Nacional Anticorrupción que se desarrolla en el Museo Casa Chihuahua, explicó parte del proceso que ha seguido su país, para consolidar acciones en contra de este crimen.

Recordó que el régimen de Alberto Fujimori cayó porque la ciudadanía se levantó, en una época en que el país aún se regía bajo el anterior sistema de justicia.

Pero en los últimos casos –indicó Pérez Gómez– ya con el nuevo sistema penal acusatorio, que se adecuó para brindar beneficios a personas sentenciadas o bajo procesos penales, los resultados han sido más contundentes.

Explicó que ello se debe a un nuevo esquema que se denominó “colaboración eficaz”, donde la persona proporciona información contundente en contra de funcionarios o exfuncionarios que incurrieron en delitos de corrupción.

El hecho de tener este esquema de testigos detonó, en varias condenas, la recuperación de dinero producto de los sobornos pagados.

“Se diseñó un sistema de corrupción en el Perú, que comenzó a cimentar las bases del sistema anticorrupción con jueces, fiscales y policías especializados en delitos de corrupción de funcionarios”, expresó.

El funcionario agregó que se llevó a cabo el desarrollo jurisprudencial de los casos de corrupción y se estableció como una política pública de la lucha contra la corrupción, de la cual todos los sectores de la sociedad peruana tienen conocimiento.

El hecho de tratar con personas involucradas con actos de corrupción, para llegar a funcionarios de un mayor nivel, dijo, no puede considerarse inmoral, como actores políticos locales criticaron en su momento.

“Es más inmoral dejar que el corrupto no tenga sanción, a negociar con alguien para llegar hacia él”, destacó Pérez Gómez.

Detalló que fue precisamente a partir de 2004 en que entró en vigor el nuevo sistema penal acusatorio, que Perú obtuvo mejores resultados en contra de la corrupción.

El nuevo sistema, indicó, se implementó progresivamente para delitos comunes en 2006 y en 2011 para todo el país para delitos de corrupción de funcionarios, en una decisión más política que técnica.

Sin embargo, dijo que aun con los resultados, se empezó a caer en un círculo vicioso en que los fiscales especializados empezaron a archivar las denuncias en contra de funcionarios.

“En 2014 se evaluó el trabajo de los fiscales anticorrupción con nuevo el sistema acusatorio y un informe arrojó que los fiscales de las fiscales especializados generaban impunidad, porque estaban archivando inadecuadamente los casos”, señaló.

Pérez Gómez dijo haber constatado esta situación al realizar una tesis de maestría en ese sentido, de la que indicadores evidenciaron que el desempeño de los fiscales especializados no era adecuado, toda vez que no arrojaban resultados positivos.

Por eso en el Perú se desarrollan una serie de actividades encaminadas a fortalecer a los grupos anticorrupción, de quienes se busca su permanencia en el cargo y reciben capacitación en escuelas locales, pero también con la participación de especialistas extranjeros, además de la capacitación que cada quien tenga en lo individual.

El sistema anticorrupción de Perú ha investigado y llevado a prisión a expresidentes involucrados en casos de corrupción, como Alberto Fujimori con el anterior sistema penal, posteriormente ocurrió con Alejandro Toledo por recibir dinero de la empresa Odebrecht, a cambio de otorgarle una obra carretera de gran relevancia, además del arresto de Ollanta Humala junto con su esposa Nadine Heredia, esta última aún bajo arresto.

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