Gobierno del Estado de Chihuahua

Mapean contrataciones públicas para detectar riesgos de corrupción; crean modelo con el Ichife

Con apoyo de USAID, México Evalúa y Gobierno del Estado de Chihuahua, presenta IMCO una metodología para procesar bases de datos que permiten generar índices de riesgo en base al análisis de redes

12 de octubre 05:47pm


En el marco del Encuentro Nacional Anticorrupción, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) presentó una innovadora metodología para procesar bases de datos que permite visualizar índices de riesgo de corrupción a partir del análisis de las redes que se tejen en torno a las contrataciones públicas.

El coordinador Anticorrupción del IMCO, Pablo Montes, expuso los resultados del modelo aplicado en el caso del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), que en la Administración estatal anterior pudo haber incurrido en prácticas de corrupción de acuerdo a los índices generados en relación a las variables de: empresas favoritas, concursos dirigidos, contratos fraccionados, subestimación presupuestal, plazos acortados, colusión y empresas fantasma.

Especificó que se analizaron los datos de todos los procesos de compra realizados por el Ichife entre 2014 y 2017, para lo cual fue necesario escanear 5 mil 430 documentos, para crear una base de datos con 153 mil 381 observaciones de mil 247 procesos de compra pública, que se capturaron manualmente.

Expuso que se revisaron 10 documentos de un proceso de compra pública como el oficio de suficiencia presupuestal, la convocatoria, si es una adjudicación o invitación restringida el dictamen de excepción, además de las bases, junta de aclaraciones, contrato, fallo y acta de apertura, de donde se extrajeron 123 datos relevantes.

Dijo que el esquema denominado “Mapeando la Corrupción” consiste en extraer datos y buscar patrones de comportamiento en los contratos de bienes y servicios por parte de las instancias gubernamentales, a la vez que se revisan sus ganancias y cuántas licitaciones ganó respecto a las licitaciones en las cuales participó.

“La intención no es señalar que ese contrato es corrupto, sino tener una fase de pre-auditoría, en donde a través de un mapeo de las compras públicas, de los datos, de los comportamientos que están teniendo las unidades de compra y las empresas, podamos ayudar a un auditor a focalizar sus esfuerzos en ciertos contratos en donde muy probablemente podrá encontrar cosas raras o pueden ser anomalías producto de una planeación deficiente”, afirmó el titular anticorrupción de IMCO.

Dijo que en este caso específico del Ichife existen cuatro empresas que en 2014 se llevaron el 40 por ciento de las ganancias y en 2017 ahora solamente tienen el 2 por ciento, lo cual arroja que no necesariamente se trata de una empresa que provee servicios de calidad, sino que tenía conexiones con la anterior Administración, por lo cual podría tratarse de un caso de empresas favoritas.

Compartió que la forma más conocida de desvío de recursos es el concurso dirigido, para solicitar, por ejemplo, sillas de color rojo de un material que únicamente una empresa tiene, y esas características se incluyen en las bases, a fin de que esa única compañía tenga seguro el triunfo en la licitación.

En la anterior Administración, en 2014 el 50 por ciento de las licitaciones tuvieron un rango de riesgo alto, porque hubo una alta eliminación de la competencia e incluso podrían tratarse de casos de adjudicaciones disfrazadas.

Dijo que incluso, hubo casos en que, de 10 propuestas nueve quedaron eliminadas, por lo que pudiera ser una adjudicación directa disfrazada y esta situación se repitió en el 37.5 por ciento de las licitaciones del Ichife.
En el “contrato fraccionado” se trata de partir un contrato y proporcionárselo en partes a la misma o varias empresas.

Pablo Montes informó que en 2016, el 78 por ciento de las adjudicaciones directas tiene un alto riesgo de haber sido contratos fraccionados, porque se entregaron adjudicaciones a las mismas empresas en un lapso de una semana, hasta con 18 adjudicaciones en siete días. El conferencista indicó que podrían ser legales, pero sin duda sin los contratos que deben ser revisados.

También se analiza el rango de tiempo, es decir, con cuánto margen se sacan las bases y cuando es la presentación de propuestas, a fin de dar un plazo mínimo de 14 días para que las empresas puedan preparar el material a presentar y existan condiciones iguales de competencia.

Manifestó que en este caso estuvo la tercera parte de las licitaciones de 2014.

Al hablar de subestimación presupuestal, se analiza la propuesta porque cuando las empresas compiten bajan sus márgenes de ganancia y cuando sabe que está arreglado es lo contrario, maximiza sus ganancias, por lo cual se compara el monto presupuestado contra el monto contratado y si la diferencia es menor al 5 por ciento se considera que es un ambiente poco competido.

También se analiza cuántas empresas son las mismas en diversas ocasiones, porque esto podría plantear un esquema de colusión. En este caso los indicadores muestran que en 2015 y 2016 se tienen picos de alto riesgo.

En cuanto a empresas fantasma se revisó la fecha de creación de la empresa, cuanto tiempo pasó entre su formación y cuando recibe su primer contrato. También se toma en cuenta si se crearon cuando hubo cambio de gobierno, porque cuando el gobierno sabe que ganó la elección se empiezan a crear empresas, para ir preparando las negociaciones anómalas.

De la misma manera, se toma en cuenta si la empresa ha participado en alguna licitación pública, porque si solamente recibe licitaciones estaría en riesgo de empresa fantasma. Entre 2014 y 2017 no se detectó caso alguno en las contrataciones del Ichife.

El especialista expresó que posteriormente se realiza un análisis de redes y ese estudio del Ichife arrojó que se realizaron invitaciones dirigidas, en las cuales se favoreció a las mismas empresas.

Pablo Montes señaló que el trabajo se hizo solamente en una dependencia en cuatro años, lo cual da muestra de lo que se pudiera encontrar si se analiza cada dependencia durante los seis años.

Informó que se trabaja en la creación de un portal de gobierno donde se atienda al usuario, que los periodistas también obtengan información y que los auditores pueden ingresar y analizar en dónde deben enfocar su trabajo, con base en la evidencia que se les proporcionará.

En su participación como presentadora de la conferencia “Mapeando la Corrupción”, la secretaria de Función Pública, Stefany Olmos Loya, dijo que desde que Javier Corral era gobernador electo se creó una plataforma para denunciar los hechos de corrupción, misma que tuvo una gran respuesta, por lo cual se comenzó a hacer un mapa de esa red de corrupción, en base a la información proporcionada por la ciudadanía.

La funcionaria señaló que se tuvo conocimiento de que los grandes desvíos se realizaron a través de las contrataciones de bienes y servicios, por lo cual se estableció un convenio con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) para acordar la elaboración del modelo presentado hoy con la información del Ichife.

Destacó que el convenio y el trabajo no tuvieron costo alguno, puesto que solamente se contó con la voluntad de ambas partes para llegar a este resultado.

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